EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN

Don Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española concedía el pasado lunes una entrevista en el espacio radiofónico de la COPE, “La Tarde con Cristina” que aclaraba muchas cuestiones del reciente acuerdo entre los obispos españoles y el Gobierno de España sobre la financiación de la Iglesia. El contenido de este nuevo acuerdo es, como se recordará, el incremento del 0,52 al 0,7 por ciento del porcentaje de impuesto que cada contribuyente paga, si en su declaración de la Renta se ha consignado dar dicho porcentaje a la Iglesia. Ante ese aumento desaparecen otras ayudas directas. Una de las cosas más llamativa dicha por Giménez Barriocanal es que el acuerdo conseguido ha tardado 18 años en llegar y que, de hecho, en pocos días se consiguió. Aclaraba también que la ayuda directa venía de la diferencia existente entre lo que se previó recaudar con la designación voluntaria de los contribuyentes –hacía también 18 años—y lo que, en realidad se obtuvo. Gobierno y obispos, entonces, se dieron un plazo para resolverlo y pasaron 18 años sin corregirse. No dudó don Fernando Giménez Barriocanal en señalar la importancia de la vicepresidenta primera del Gobierno español, doña Maria Teresa Fernández de la Vega en la consecución de este acuerdo, a pesar de que existían presiones contrarias en el PSOE para que se hiciera.

CUESTIÓN POLÍTICA

Analicemos primero la cuestión política de todos estos desarrollos. Lo primero que hay que decir es que 18 años sin resolver plantean la presencia en el Gobierno del socialista Felipe González y del Popular, José María Aznar. Y si ahora se buscan nexos de unión entre la Iglesia y los populares habrá que preguntarse porque aquello no se resolvió. Es posible que no se desease la ruptura de las ayudas directas, por si estas podían incrementarse, aunque el Concordato hablaba de la necesaria autofinanciación de la Iglesia y lo hacía sobre todo el acuerdo llegado –precisamente hace esos 18 años—por todas las fuerzas políticas del Parlamento español. Hablábamos también del desacuerdo de varios sectores del PSOE, de partido en el Gobierno y del interés de la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega en arreglar lo más rápidamente la cuestión. Es obvio que si había un sector del interior del PSOE que deseaba que se lograra la independencia económica de la Iglesia, dentro de la idea la configuración de un Estado laico. El actual embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, es católico y muy influyente en el partido. Y como él existe una parte de la militancia socialista que se declaran y son católicos. Otra, por el contrario, no responde a esa idea e, incluso, es muy radical a la hora de enjuiciar esas relaciones con la Iglesia española. Un tercer apunte en sentido es que en las conversaciones de Estado entre el Papa Benedicto XVI y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con motivo de la visita del Pontífice a Valencia, podría haberse pactado dicho acuerdo en línea a la necesaria independencia.

LA SORPRESA

El anuncio fue hecho público, en primer lugar, por la señora Fernández de la Vega y pasaron algunos días hasta que la Conferencia Episcopal diera oficialmente “su conocimiento” al mismo. Además, expresó, en esos momentos posteriores, la importancia del acuerdo y las ventajas del mismo. Nuestra impresión es que el referido acuerdo causó sorpresa en todos los ambientes, incluido el eclesial y, por supuesto, el político. Fuera del Gobierno apenas se conocía en el PSOE, nada en el PP y, por supuesto, apenas había transcendido la existencia de negociaciones intensas de los últimos días entre los técnicos de la CEE y de los ministerios de Hacienda y de Justicia. Se calcula, ahora, que esas cautelas tenían como fin evitar las interferencias de quienes no eran partidarios del ya referido acuerdo. Pero, al final, se ha resuelto una cuestión pendiente durante 18 años y la Iglesia camina hacia su independencia total del Estado.

RESPONSABILIDAD DE LOS CATÓLICOS

Habitualmente escribimos nuestros textos para que sean inteligibles para todos los lectores, sin importar su país de residencia. Sobre la cuestión que tratamos hoy ya hemos informado genéricamente –y para todos—en varias ocasiones. De todos modos insistir ahora que en los formularios de la Declaración del Impuesto de la Renta de las Persona Físicas (IRPF) existe una casilla para destinar a la Iglesia católica un porcentaje –ahora es el 0,7%-- del total de cantidad que como impuesto paga cada contribuyente. Hay otra casilla similar destinada a ONG’s y otros servicios sociales. Una diferencia de cálculo en la aplicación del anterior porcentaje –el 0,52%-- es lo que producía la existencia ayudas directas que ahora desaparecen.

La cuestión ahora es que ningún católico o simpatizante de la Iglesia católica debe dejar de marcar la correspondiente casilla y que son muchos los que no lo hacen por razones variadas y, sobre todo, por aquellas personas a quienes les realiza la declaración gestorías o expertos que no suelen marcarlo. Y es más que obvio que la CEE tendrá que hacer intensivas campañas de divulgación para que todas las personas interesadas lo marquen. Y con ello aparece de manera clara la responsabilidad de los católicos en la financiación de su Iglesia. Dicha responsabilidad falla pues muchos creen que la Iglesia es rica y que no necesita nada. Ahora el sueldo de los sacerdotes, los gastos de mantenimiento de los templos, las obras sociales, las órdenes religiosas, todo, todo, depende del pueblo de Dios. Y este tendrá ocasión de demostrar esa responsabilidad.

Hay otro aspecto acordado y que este venía de una exigencia repetida por la Unión Europea, que había demandado que la Iglesia pagase el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y que hasta ahora el Estado español no había atendido. A partir de ahora la Iglesia pagará el IVA. Esto, además, del pago conlleva una trabajo importante de gestión –las declaraciones son trimestrales—a lo que la Iglesia no estaba acostumbrada.

EPÍLOGO PARA ESTA HORA

Añadir para terminar que Betania piensa que todo lo expuesto es positivo. Que la independencia de la Iglesia ante los poderes públicos es insoslayable en función de su libertad de conciencia y de actuación. Y, asimismo, parece que se ha rebajado la tensión existente entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno español.